La discusión sobre el uso de albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para alojar a personas menores de edad en conflicto con la ley volvió a encenderse, luego de que el Gobierno recordara la presencia de adolescentes con historial delictivo en estos espacios de cuido.
Marianela Corrales, jueza de Penal Juvenil, conversó con Diario Extra y explicó que los menores que infringen la ley siguen siendo niños y adolescentes, por lo tanto, el Estado está obligado a garantizar sus derechos y no puede tratarlos como adultos sin una condena previa.
“Las personas menores de edad que infringen la Ley Penal Juvenil… siguen siendo niñas, niños o adolescentes. Es decir, continúan siendo personas menores de edad con derechos y garantías que el Estado debe asegurarles”, dijo la juzgadora.
Estas declaraciones se dan luego de que la presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza, confirmara que actualmente hay 134 menores de edad en albergues con antecedentes por tentativa de homicidio, agresiones con arma, abuso sexual, incendios y otros delitos.
Garza, además, detalló que 199 presentan conductas violentas y 144 son consumidores de drogas, lo que ha generado riesgos para otros menores y para el personal.
Corrales explicó que el centro penal juvenil ubicado en Zurquí debe ser utilizado exclusivamente para cumplir sanciones o detenciones provisionales cuando hay riesgos procesales reales, como fuga, destrucción de pruebas o intimidación a testigos.
En cambio, cuando se trata de delitos menores o contravenciones, y el menor no tiene una red familiar de apoyo, el juez puede requerir al PANI una opción de protección, es decir, alojamiento en un albergue que garantice techo, alimentación y acceso a educación mientras se desarrolla el proceso judicial.
