Las familias que viven en la comunidad de Chorreras, en Cutris, y que la semana pasada fueron notificadas de desalojo, afirmaron que apelarán la decisión judicial y hasta entonces no abandonarán sus hogares. Alegan que la mayoría tiene muchos años de vivir en el sitio y se les está culpando injustamente por el problema causado por la extracción ilegal del oro en Crucitas, según reportó TVN Canal 14.
Funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y de Fuerza Pública notificaron a más de 73 familias que viven en la comunidad de Chorreras, en Cutris de San Carlos, que tienen un mes para abandonar voluntariamente la zona, que es uno de los principales puntos de entrada a Crucitas.
El Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela ordenó el desalojo mediante la resolución 25-000857-306-PE, según informó el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y la notificación se hizo el pasado jueves.
La franja fronteriza es la zona de terreno de dos kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y Panamá. Esas tierras son propiedad del Estado costarricense y no pueden ser adquiridas de forma privada.
La comunidad de Chorreras está ubicada en la franja fronteriza norte y dentro del “Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo”. Es una zona de verdes colinas con bosques, donde en las fotografías difundidas por el Sinac se expone la tala que se ha dado.
Fuerza Pública afirmó que las personas han invadido área protegida, donde han talado 20 hectáreas de bosque y contaminado mantos acuíferos. También apuntó que el lugar es uno de los puntos de entrada a Crucitas y que la policía ha decomisado en Chorreras cargamentos de cianuro y otros insumos para la minería ilegal.
El 20 de junio, Fuerza Pública encontró una planta artesanal procesadora de material minero en una zona boscosa de Chorreras. La pileta contenía una mezcla de sedimento y agua, y estaba equipada con una bomba sumergible, una planta eléctrica y una máquina tipo tómbola.
Según el Minae, el desalojo se ampara en el delito por “invasión a área de protección”, ya que estas personas viven “en ocupación ilegal dentro de un área silvestre protegida, poniendo en riesgo los ecosistemas del sitio, debido a afectaciones generadas en el lugar como: deforestación, contaminación de fuentes de agua y presión sobre la fauna silvestre”, lo cual fue denunciado por el Área Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN).
La Directora Regional del ACAHN, Mariana Jiménez, dijo que “además de los daños ambientales, las construcciones y asentamientos ilegales han dado pie al desarrollo de actividades económicas no autorizadas, incluyendo el comercio informal y el tráfico transfronterizo de mercancías sin control”.
“Esta situación incrementa la vulnerabilidad de la zona frente al crimen organizado y pone en peligro la seguridad de los funcionarios públicos y de las comunidades costarricenses cercanas a la línea fronteriza”, agregó Jiménez en un comunicado.
Según reportó TVN Canal 14, las familias se mostraron sorprendidas y muy molestas; aseguran que apelarán la decisión judicial y hasta entonces no abandonarán sus hogares ya que la mayoría tiene muchos años de vivir en el sitio.
Mario Cambronero, dirigente comunal de Chorreras, dijo que consideraban injusta la medida. “Hay situaciones que se salen de contexto; pero no es que eso nos salpique a todos. Creo que hay casos individuales y que el Sinac tiene que ver si se ordena pero no que eso nos salpique a todos porque esa situación viene dándose por la situación de extracción de oro en Crucitas y ellos alegan que por aquí entra todo como si nosotros fuéramos los que metemos todo”.
“No es de extrañar que el Sinac haga una cosa de estas porque ya lo ha hecho en otros sectores, que han girado órdenes de desalojo y no han podido. En el caso de nosotros esperamos que sea igual”, declaró Cambronero en el reporte de TVN Canal 14.
Gobierno prometió regularizar su situación
Cabe recordar que en noviembre de 2023, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, prometió papeles equivalentes a escrituras a personas que habitan en terrenos que están dentro del “Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte Costa Rica-Nicaragua”, en la franja fronteriza Norte, los cuales les darían seguridad jurídica y acceso a servicios públicos y a beneficios como el bono de vivienda.
El anuncio fue hecho en la comunidad de México de Upala, donde jerarcas de varias instituciones presentaron el “Plan de Ordenamiento de las Franjas Fronterizas”.
“Es un papel, no es escritura, es un papel equivalente, es un papel con el que van a poder ir al Invu, al Banhvi y decir ‘denme caminos, denme electricidad’”, afirmó el mandatario durante la inauguración del salón comunal de México de Upala, el cual fue afectado desde 2016 por el Huracán Otto.
El Minae, por su parte, comunicó: “estamos comprometidos con regularizar la situación de quienes han habitado históricamente estas zonas; pero no podemos tolerar nuevas ocupaciones, ni cambios de uso recientes, que atenten contra el patrimonio natural”.
