Este lunes personas trabajadoras de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y del Ministerio de Educación Pública (MEP) protagonizan un paro de labores en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma.
Ello por cuanto se empezó a aplicar una directriz de la Dirección de Adaptación Social, la cual dispone que “Se prohíbe el ingreso, tenencia y permanencia en los establecimientos penitenciarios del nivel cerrado de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos tecnológicos destinados a la comunicación, chips, cargadores, audífonos inalámbricos, manos libres, cables tipo USB, llaves mallas, computadoras portátiles, tablet, cámaras fotográficas, de videograbación, relojes inteligentes y cualquier otro que pueda ser usado como facilitador en el proceso de comunicación con el exterior”.
Así se lee en la directriz DGAS -01-07- 2025, firmada el 30 de julio el director de Adaptación Social Alexander Bolaños Córdoba.
El documento,compartido con UNIVERSIDAD por Diego González, trabajador dela CCSS dentro de ese CAI y miembro de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud y Afines (UNTTRASA)
La directriz añade que “esta prohibición rige sin excepción para la totalidad de los visitantes del sistema penitenciario, incluido defensores públicos y privados, funcionarios públicos, proveedores, personas voluntarias y cualquier otra persona que quiera ingresar a los centros penitenciarios”.
Al mismo tiempo, dispone que “en caso de incumplimiento de lo establecido de la presente directriz, las autoridades del establecimiento penitenciario deberán coordinar de forma inmediata con el Ministerio Público conforme a la normativa legal vigente”.
González dijo que esas disposiciones afectan a funcionarios del MEP, de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y de la CCSS, “que tenemos años de laborar en el centro penitenciario”.
En su caso son más de 15 años y explicó que ya todas esas personas trabajadoras seguían protocolos definidos para ingresar con sus teléfonos, lo cual, incluye un carnet con toda la información del dispositivo móvil.
“Primero que nada, hay un tema de discriminación, se está vulnerando un principio constitucional porque ellos hablan de empleados públicos, pero excluyen a los empleados del Ministerio de Justicia” de la aplicación de la directriz.
Dijo que eso además les deja en un estado de vulnerabilidad para realizar su trabajo, y describió por ejemplo un protocolo de seguridad según el cual, para activar una computadora requiere de un código de verificación que es enviado, precisamente, a su número de teléfono.
El teléfono, además, se hace necesario para cumplir con funciones de comunicación con otras unidades de trabajo o incluso para ubicar medicamentos.
Además, destacó que la restricción complica la atención de temas familiares y de salud. “Nos están dejando incomunicados”, sentenció.
Tras reiterar que la prohibición “nos cayó de sorpresa”, subrayó que “las estadísticas hablan por sí solas. Los ingresos de teléfonos y demás no ingresan por parte de nosotros como funcionarios públicos. Ingresan por otros lados”.
Añadió que en este momento se valora desde presentar un documento ante la Defensoría de los Habitantes, hasta una acción de inconstitucionalidad en la Sala Constitucional o incluso acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), “la idea es abarcar todos los mecanismos que se pueda accionar”.
Darío Rojas, representante de la Secretaría de Legales y Laborales de Alajuela del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), acompañó el movimiento esta mañana y declaró que se trata de una medida “completamente arbitraria, y discriminatoria, porque si se alega que por parte de Seguridad Nacional, pues debería implicar que nadie, absolutamente nadie, puede ingresar ningún tipo de dispositivo móvil a los diferentes centros penales, pero la directriz aplica solamente para empleados públicos que no sean parte del Ministerio de Justicia y Paz, ni Policía Penitenciaria”.
Dijo que además limita derechos, como el derecho a las comunicaciones “e inclusive a nuestra propia salud mental”.
Al respecto, se preguntó “¿cómo un padre de familia puede estar motivado, puede estar tranquilo laborando en un centro penal -con tantas aristas que tienen los centros penales en sus problemas de convivencia y demás-, teniendo tal vez el hijo enfermo y no poderse comunicar, o su hijo con algún padecimiento crónico, que en cualquier momento tenga que llamarlo para poder salir corriendo y no tener ese tipo de comunicaciones?”.
Dijo que “primero que nada” se debería acudir a la Sala Constitucional y destacó que “una directriz no puede estar por encima de derechos fundamentales y derechos constitucionales como la educación y la salud, y esta directriz está pasando por encima de todo eso”.
