La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) emitió un pronunciamiento, del cual UNIVERSIDAD tiene copia, sobre las manifestaciones que hizo el presidente Rodrigo Chaves y la exministra de Vivienda, Ángela Mata Montero de que han entregado menos bonos de vivienda, pero que ahora son de más calidad y no tugurios como se entregaban en administraciones anteriores.
Basada en una afirmación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) en la que desmintió que la disminución de viviendas de interés social entregadas en esta administración se deba a una mejora en la calidad, en su pronunciamiento, la Cámara aseguró que sí bien ha insistido en la necesidad de realizar modificaciones al Sistema Financiero Nacional de Vivienda (SFNV), con el paso del tiempo ha sido posible un proceso de mejora continua, gracias a los procesos de auditoría y fiscalización interna y externa.
“Los casos específicos de proyectos, que se han mencionado en la conferencia de prensa por parte del Poder Ejecutivo (a los que llamaron tugurios) representan situaciones aisladas y no a la mayor parte de los proyectos que han sido construidos a través del SFNV, que en su gran mayoría han sido experiencias positivas y exitosas”, advirtieron en el pronunciamiento, Randall Murillo y Alfredo Volio, director ejecutivo y presidente de la Cámara.
Adicionalmente, indicó la organización gremial en su misiva al Presidente, el desarrollo y construcción de vivienda de interés social, ya sea mediante proyectos o casos individuales, debe cumplir con la normativa técnica vigente correspondiente, tales como los Códigos Sísmico, Eléctrico, y de Instalaciones Hidráulicas.
Débil intervención en precarios
Y ante la mención de las autoridades sobre el tema de los asentamientos informales o precarios (conocidos popularmente como “tugurios”) los voceros de la Cámara manifestaron su preocupación por el informe de fiscalización que recién emitió la Contraloría General de la República (DFOE-CIU-SGP-00001-2025), en el cual alerta sobre las más de 64.000 familias que habitan en este tipo de asentamientos, con las implicaciones negativas que generan en términos ambientales, económicos, fiscales y territoriales.
“El informe del ente contralor resalta que la erradicación de precarios ha sido una realidad poco atendida por las instituciones públicas, con una débil gestión e intervención. Con ello, es claro que existe una necesidad inminente en la atención de esta problemática, requiriendo su priorización y coordinación estratégica desde las más altas jerarquías de la Administración y garantizando los recursos económicos necesarios para estos efectos”,
Además, recordaron que han insistido en que actualmente hay duplicidad y conflictos de competencia entre las instituciones que integran el SFNV, lo que dificulta su funcionamiento y operatividad, por lo cual están a favor de una reforma que proponga la fusión del Ministerio de Vivienda y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, de manera que coordinen con el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
