El gobierno orteguista asegura, en su Informe de Gestión 2016, que indemnizó a 2,261 excañeros de los ingenios azucareros del departamento de Chinandega, que fueron privatizados, y que de ello canceló las deudas con los reclamantes de esa zona.
Máryurit Pomares, presidenta de la Asociación Hugo Chávez, anunció que mañana martes “empezamos las protestas por cuatro días” frente a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR).
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Gobierno dice que pagó
En el Informe de Buen Gobierno 2016 se afirma que se canceló “la indemnización a 2,261 excañeros por un monto de 1,000 dólares a cada uno, como restitución de sus derechos afectados durante el proceso de privatización de los ingenios en los años noventa”.
En total 2,261,000 dólares se habrían pagado a los excañeros, cancelación basada en el Acuerdo Presidencial No. 65-2015, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, de mayo del 2015.
Según el informe de gestión 2016, el pago se hizo a excañeros de los municipios de Chichigalpa, El Viejo y Potosí; y de esta forma se concluiría el acuerdo que existía con 3,300 reclamantes.
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Ese pago respondería al acuerdo firmado entre la PGR y la Asociación de Extrabajadores Cañeros de Nicaragua (Asocan), la que agrupa a las asociaciones de Chinandega, Rivas y Nandaime.
Las asociaciones de excañeros explicaron que en el acuerdo firmado el Ejecutivo se comprometió a indemnizarles con el 25 por ciento de la venta de los ingenios azucareros, además de pagarles el pasivo laboral por haber trabajado entre 1986 y 1990, previo a la privatización.
Esos compromisos fueron refrendados por Daniel Ortega, presidente designado por el poder electoral, en el Acuerdo Presidencial 65-2015, que recoge el compromiso de la PGR con la Asocan.
Sin embargo, ese acuerdo estableció en 3,000 dólares la indemnización a cada excañero, pero según el informe del Buen Gobierno 2016, a los reclamantes de Chinandega solo les dieron 1,000 dólares.
Gilberto Espinoza, directivo de Sotranic, dijo no tener reportes de que a 2,261 excañeros de Chinandega les haya indemnizado la PGR.
“Pero debo aclarar que una cosa es la indemnización a la que tenemos derecho por la venta de los ingenios, pero también el Gobierno nos debe cancelar el pasivo laboral de 1986 al 1990 y tenemos los documentos que demuestran que ese pasivo laboral se nos debe”, afirmó Espinoza.
Asumido en deuda pública
Son 6,530 excañeros que alcanzaron un acuerdo con el Estado para recibir una indemnización por haber trabajado en los ingenios azucareros en los años ochenta y que posteriormente fueron privatizados.
La Asamblea Nacional aprobó en 2015 un acuerdo firmado por la PGR y el Ministerio de Hacienda con los extrabajadores de los ingenios azucareros, autorizando que 6.8 millones de dólares se asumieran como deuda pública para pagar la indemnización.
Culpan al procurador
Máryurit Pomares, dirigente de los excañeros de Rivas, señala al procurador Hernán Estrada de no tener voluntad de pagarles lo que reclaman. “Por eso no nos atiende, para que nos cansemos, pero nosotros vamos a seguir protestando”, dijo.
Gilberto Espinoza, de Chinandega, agregó que “el procurador trata de meter en un solo bolsón” lo de la indemnización y el pasivo laboral “para hacer creer que ya nos cancelaron todo, pero no es cierto”.
