Las defensoras de derechos humanos Haydée Castillo, Francisca Ramírez, Lottie Cunningham y Dolene Miller, desnudaron la situación de desgobierno que se vive en los territorios de Las Segovias, Caribe Sur y Caribe Norte del país, donde, según ellas, las decisiones son tomadas desde el poder central, violentando la autonomía municipal.
“A nosotros nos preocupa y nos ocupa el desmontaje de la autonomía municipal. Todo se decide en Managua, para todo hay que venir aquí. ¿Dónde quedaron los gobiernos municipales? ¿Dónde quedaron los Concejos Municipales? Nunca más volvimos a participar en la definición de los presupuestos municipales. No hay quién lidere el desarrollo”, manifestó Castillo, del Movimiento de Mujeres Segovianas.
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Cunningham, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cedhjucan), llegó en representación de las mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes que habitan en los territorios del Caribe Norte y sufren violencia, hambre y desplazamiento de sus territorios, debido a las invasiones de campesinos que llegan de otras regiones del país a tomarse las tierras (los llamados colonos).
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Según Cunningham, en el tiempo que lleva este conflicto se han registrado 32 asesinatos, 41 personas lesionadas, 22 secuestrados y cuatro personas desaparecidas, además del daño al medioambiente, como por ejemplo la contaminación de las aguas.
“Las comunidades indígenas ya no tienen dónde tomar agua limpia, porque las aguas están contaminadas. Ellos están viviendo una situación de alto riesgo”, dijo Cunningham.
Temor a un genocidio
Cunningham destacó que el gobierno de Daniel Ortega no ha implementado ninguna medida necesaria para garantizar la vida, la integridad, el territorio y la identidad cultural en esos territorios. “El temor que nosotros tenemos es que se cometa un genocidio, por la invasión masiva a los territorios indígenas”, agregó Cunningham.
Discriminación racial
Dolene Miller, representante creole ante la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti), denunció que las leyes y la autonomía regional contrastan con las políticas del Gobierno que no aseguran igualdad y desarrollo para todos, y, además, dijo que cuando se organizan para reclamar sus derechos son discriminados y menospreciados.
“Pareciera que organizarnos es un pecado. Cada vez que nos organizamos encontramos demasiadas dificultades para demandar un derecho y eso ha sucedido con la población afrodescendiente de la Costa Caribe y de otras áreas”, dijo Miller.
“A la hora de reclamar un derecho empieza la discriminación racial. Es una discriminación que quiere poner a la población negra en un contexto de no derecho y por lo tanto una invisibilización terrible que prácticamente llega a un exterminio. Lo digo de esta manera porque también la población negra tiene que migrar de la Costa Caribe, porque no hay empleo. Hay un 80 por ciento de desempleo”, explicó Miller. Miller dijo que el Estado no contribuye a crear una conciencia de población multiétnica y multilingüe.
Parcialidad de obispo Sándigo
La líder campesina Francisca Ramírez manifestó que el obispo René Sándigo tiene una actitud parcializada, porque solo critica las marchas campesinas contra la Ley del Canal Interoceánico (840), pero no rechaza las decisiones del gobierno de Daniel Ortega que perjudican a la población.
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Ramírez reaccionó a propósito de las declaraciones del obispo de la Diócesis de Juigalpa, René Sándigo, en Radio Centro de Juigalpa, Chontales, donde hizo un comentario criticando la basura que dejan las marchas de los campesinos anticanal.
Ramírez manifestó que asimismo como monseñor Sándigo critica la basura de las marchas, debería de criticar los árboles de lata que también contaminan, en alusión a los árboles amarillos que se encuentran en Managua.
“Siempre nos hemos sentido agredidos por el obispo Sándigo, él siempre nos ha discriminado como campesinos, no nos ha valorado”, dijo Ramírez.
