Estudiantes que mantienen la toma del edificio Administrativo B de la Universidad de Costa Rica (UCR) rechazaron el comunicado emitido por la Rectoría este 27 de abril y cuestionaron varios de los puntos expuestos por las autoridades, a los que calificaron como “desinformación y malinterpretación”.
Uno de los principales señalamientos se refiere al supuesto incumplimiento de un plazo de 24 horas para responder a lo negociado el 23 de abril, cuando el jerarca se reunió a lo interno del edificio tomado con representantes del movimiento. Según el grupo, esa interpretación es incorrecta, ya que el primer punto del pliego planteaba el plazo para que fuera la Rectoría la que convocara a una mesa de diálogo con diferentes órganos del movimiento estudiantil.
En relación con la acusación de que no existían solicitudes formales de diálogo previas, los estudiantes sostienen que el movimiento surge precisamente tras múltiples intentos fallidos de interlocución por vías institucionales o movimientos previos como las tomas que sucedieron en 2025 en el edificio de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) y la facultad de Artes. La Rectoría, en cambio, deslegitimó al movimiento al asegurar que los estudiantes ya cuentan con representación en la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) a través de la Federación de Estudiantes y que no se habían canalizado solicitudes formales por parte del grupo que mantiene la toma.
El movimiento también rechazó las caracterizaciones de violencia asociadas a la ocupación del edificio. “No somos violentos, somos estudiantes que quieren ser escuchados”, indicó su vocera, al tiempo que señalaron que las acciones responden a procesos organizativos y a experiencias previas en las que, aseguran, acuerdos con autoridades universitarias no se cumplieron. En su comunicado, la Rectoría describió que el ingreso al edificio se dio tras la ruptura de ventanales y advirtió sobre afectaciones al funcionamiento institucional.
Además, los estudiantes enfatizaron que su organización responde a un enfoque “horizontal” que busca integrar a distintos sectores del estudiantado, incluidos grupos que consideran históricamente excluidos como las comunidades indígenas, o los colectivos trans o de madres estudiantes. Este proceso de escuchar sectores olvidados, señalaron, implica tiempos de deliberación interna.
Mientras la administración universitaria insiste en que ha promovido el diálogo y solicita deponer acciones que “afectan la convivencia”, los estudiantes aseguran que no se han negado a conversar y que, por el contrario, han impulsado espacios propios dentro de la toma, incluyendo actividades culturales y encuentros abiertos para ampliar la participación.
El pronunciamiento de la Rectoría también reconoce la legitimidad de la protesta social en el contexto de la discusión sobre el financiamiento de la educación superior pública y coincide con la preocupación por el debilitamiento de los recursos, aunque subraya la necesidad de resguardar la institucionalidad universitaria. Entretanto, el movimiento estudiantil mantiene la ocupación y sostiene su exigencia de ser escuchado en un espacio de diálogo más amplio.
