El movimiento estudiantil que mantiene tomada la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicó este 29 de abril su pliego petitorio de condiciones para devolver el edificio después de una semana de que lo tomaron. Entre los 69 puntos enlistados en el documento se encuentra la renuncia del rector, Carlos Araya, o la intervención del Consejo Universitario (CU) para convocar a una Asamblea Plebiscitaria que defina el futuro del jerarca, así como una disculpa pública y la destitución del director de la Oficina de Servicios Generales (OSG), Pedro Navarro.
El documento, dado a conocer por el autodenominado Movimiento Estudiantil Autónomo (MEA) durante una conferencia de prensa la mañana de este miércoles 29 de abril, también establece que, si el rector no presenta la renuncia, el Consejo Universitario (CU) debería emitir un acuerdo firme para requerir la convocatoria inmediata a una Asamblea Plebiscitaria con el fin de someter a votación la revocatoria de su mandato.
Las solicitudes surgen a partir de la protesta por la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027, luego de que el Poder Ejecutivo planteara un crecimiento nominal del 0% y diera por concluida la negociación en la Comisión de Enlace el pasado 21 de abril.
En un comunicado de prensa el MEA indican que el pliego “recoge preocupaciones y propuestas construidas a partir del diálogo sostenido en el espacio de toma, donde convergen estudiantes y agrupaciones diversas. Las demandas se centran en el fortalecimiento de los mecanismos de participación estudiantil, la transparencia en la toma de decisiones y el establecimiento de procesos claros de seguimiento y rendición de cuentas”.
UNIVERSIDAD consultó al encargado de prensa de Rectoría, Diego Bosque, sobre la posición de la administración acerca del pliego. Este refirió al medio a la vicerrectora de Vida Estudiantil, Leonora De Lemos, quien recibió a medios a eso de las 11:15 de la mañana. De Lemos indicó que se apersonó al edificio tomado en horas de la mañana para entregar un oficio donde se reiteraba el compromiso de la administración de atender los acuerdos a los que se llegó en la negociación del 23 de abril. Fue entonces cuando los estudiantes informaron de la publicación del pliego de condiciones, por lo que, ante la consulta de UNIVERSIDAD sobre la posición acerca del documento, indicó: “no lo hemos visto, pero lo que ellos nos indicaron va básicamente en las mismas líneas”.
Sobre las negociaciones para la entrega del edificio, solicitan que estas sean convocadas en un plazo de 24 horas y que se establezca una mesa conformada por dos representantes de Rectoría, dos del Consejo Universitario, dos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) y dos representantes del MEA. Según la vocera del movimiento: “No estamos tratando de dividir la universidad desde adentro, estamos tratando de limpiar la casa primero”.
Consultado acerca de la disposición del CU a mediar la situación, su director, Keilor Rojas, aseguró: “sobre el tema de una eventual participación como mediadores en la mesa de negociación, eso es algo que sí hemos discutido y tenemos plena disposición para hacerlo”. Rojas también indicó que será hasta el 30 de abril cuando el órgano tenga espacio para discutir el pliego de condiciones.
En el documento, el MEA señala que la permanencia de Araya, dada su “pérdida de confianza política” al frente de la Rectoría, afecta su capacidad de conducción de la defensa del FEES, así como cuestionamientos sobre su gestión y la distribución de los recursos internos de la universidad. Por ello, la agrupación demanda su renuncia como una de las medidas políticas inmediatas planteadas a las autoridades universitarias. Sobre este punto, De Lemos indicó que Araya fue electo democráticamente y que “la renuncia de él no está en juego en este momento”.
El pliego establece que, si el rector no presenta la renuncia, el CU debería emitir un acuerdo firme para requerir la convocatoria inmediata a una Asamblea Plebiscitaria. Según la solicitud estudiantil, ese espacio tendría como fin someter a votación la revocatoria del mandato de Araya.
Acerca de este punto, Rojas indicó: “Para que el Consejo Universitario emita una solicitud de revocatoria del cargo necesariamente debe haber celebrado un procedimiento administrativo disciplinario (regulado en el Reglamento de régimen disciplinario de autoridades universitarias superiores) por falta grave y que, tras haber concluido, demuestre la comisión de tal falta para que proceda. Si no se está en tal escenario, el Consejo Universitario no tiene competencia para convocar la destitución de la rectoría”.
La Asamblea Plebiscitaria está encargada de elegir a la Rectoría y a las personas representantes del sector docente que forman parte del Consejo Universitario. Se compone de representantes administrativos, docentes y estudiantiles de las distintas instancias universitarias.
El movimiento, además, solicita que antes de una eventual Asamblea Plebiscitaria se convoque a una sesión extraordinaria pública de rendición de cuentas en el Aula Magna, mediada por el CU y abierta a la comunidad universitaria.
El documento también incorpora señalamientos en contra del jefe de la OSG, Pedro Navarro. El MEA exige que Navarro emita una disculpa pública dirigida a este y a la comunidad universitaria por “actos violentos, agresiones verbales y manifestaciones de carácter machista, LGBTIQfóbico, discriminatorio y de hostigamiento” contra estudiantes que participan del movimiento. La agrupación además solicita la destitución inmediata de Navarro de su cargo en la OSG.
UNIVERSIDAD contactó a Navarro para conocer su posición acerca del tema. El funcionario indicó: “Rechazo de manera categórica las afirmaciones que se difunden en ese pliego. Como funcionario universitario, he actuado en el marco de mis competencias y con apego a la normativa institucional, priorizando en todo momento la seguridad de las personas y la continuidad de los servicios.”
A su vez, se exige la emisión de un comunicado oficial administrativo que afirme la legitimidad política del MEA; un acuerdo avalado por la Oficina Jurídica de la UCR que declare explícitamente que la ocupación del edificio constituye un acto de protesta legítima; representación “mínima” de una “persona titular y una suplente del MEA en toda reunión técnica y política vinculada al FEES que se realice a nivel institucional”, así como la convocatoria a una reunión con estas mismas representaciones luego de cada sesión de negociaciones de la Comisión de Enlace sobre el FEES.
A las personas integrantes del directorio de la FEUCR y a las representaciones que actualmente ocupan en comisiones institucionales, consejos asesores, instancias universitarias e instancias externas de representación estudiantil se les exige la renuncia “debido a la mala representación ejercida por su falta de claridad ante la postura de acuerpamiento al movimiento estudiantil y su alineamiento político con la Rectoría en el marco de la coyuntura actual”. Específicamente, a la presidenta del directorio de la FEUCR, Mariel Rojas, se le solicita su salida de la Comisión de Enlace para la Negociación del FEES y de la Confederación Estudiantil Universitaria, para que estudiantes pertenecientes al MEA puedan postularse para estos cargos.
Demandas específicas desde sectores y comunidades estudiantiles
En el caso de estudiantes indígenas, el pliego solicita que se destinen recursos del FEES para garantizar su permanencia universitaria con un enfoque diferenciado. La agrupación plantea cupos específicos en residencias, participación activa y vinculante en la toma de decisiones universitarias, programas de formación contra el racismo para el personal docente y administrativo, y propuestas de acompañamiento en territorios y colegios indígenas para facilitar el acceso a la educación superior.
Por su parte, para las personas estudiantes trans se exigen medidas de inclusión institucional como el reconocimiento del nombre y género en plataformas universitarias, la creación de baños neutros en todas las sedes, procesos de capacitación para el personal docente y la apertura de oportunidades laborales dentro de la institución.
A estas solicitudes se suman reclamos por las condiciones de transporte, ante la reducción de rutas y el aumento en el costo de las tarifas, así como críticas al funcionamiento del servicio interno universitario, que consideran insuficiente.
Finalmente, para quienes forman parte de MaternU (personas estudiantes que maternan y cuidan mientras sostienen su vida académica) se plantea una serie de medidas orientadas a garantizar su permanencia académica, como matrícula prioritaria, justificación de ausencias por responsabilidades de cuido, ampliación de servicios de salud para sus hijos e hijas, fortalecimiento de la Casa Infantil Universitaria, creación de espacios adecuados como salas de lactancia y áreas de juego, así como acceso a residencias y adecuaciones normativas que reconozcan sus condiciones particulares.
Puede acceder al pliego de condiciones acá.
