La crisis institucional en la Universidad de Costa Rica (UCR) se profundiza al cumplirse una semana de la toma estudiantil del edificio B que alberga la Rectoría, el Consejo Universitario y otras oficinas, en un contexto marcado por la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
La toma empezó a sumar el apoyo de otros movimientos estudiantiles en las sedes regionales como la del Atlántico (Turrialba), quienes también se manifestaron en contra de Carlos Araya, rector de la UCR. Al movimiento también se han sumado asociaciones estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales.
De forma paralela, en la Sede de Occidente (San Ramón de Alajuela) los estudiantes convocaron a una marcha para el miércoles 29 de abril, según información que llegó a UNIVERSIDAD al cierre de edición.
En la sede del Atlántico de la que es originario Araya y donde fue director, el campus cerró el pasado 28 de abril. Según la asociación de estudiantes de esta sede, el abandono institucional ha dejado a la población estudiantil sin biblioteca, aulas funcionales ni piscina para las prácticas deportivas.
El movimiento estudiantil dentro de la toma sostiene que no levantará la medida hasta que Araya deje el cargo. Una fuente cercana a UNIVERSIDAD aseguró que la medida responde a lo que ellos consideran incumplimientos de acuerdos anteriores. “Ya las dos veces anteriores se cedió en eso y entonces nunca se cumplieron el resto de acuerdos”.
Las protestas estudiantiles en sedes surgen luego del apoyo que recibió el rector de parte de las autoridades del Consejo de Áreas de Sedes Regionales (integrado por la dirección de las sedes regionales), quienes en un comunicado afirmaron que “es únicamente a través de la cohesión del sector docente, administrativo y estudiantil que podremos salvaguardar nuestro legado y el derecho constitucional a una educación superior de excelencia”.
Añadieron que “los actos de beligerancia interna entre pares solo logran desvirtuar nuestra causa y exponernos ante quienes pretenden socavar los recursos públicos del FEES. Como centros de pensamiento, nuestra mayor fortaleza es la razón, el respeto y el diálogo constructivo”.
Esta es la tercera toma que enfrenta el rector en menos de un año, pues en mayo de 2025 se realizó una ocupación en el edificio de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR), y en junio estudiantes de la Facultad de Artes hicieron lo propio en su edificio; en ambos casos, los pliegos de solicitudes incluían su salida del cargo.
Las solicitudes de renuncia no son nuevas dentro de la comunidad universitaria. En mayo de 2025, el entonces representante de los Colegios Profesionales ante el Consejo Universitario (CU), William Méndez, pidió públicamente al rector hacerse a un lado, una posición que posteriormente ha sido retomada por el movimiento estudiantil en distintos espacios. Araya asumió funciones en enero de 2025 y, desde entonces, ha enfrentado críticas tanto a lo interno de la universidad como en la esfera pública.
La situación interna se desarrolla en paralelo a la negociación del FEES. Desde Casa Presidencial se adelantó la convocatoria a la Comisión de Enlace del Consejo Nacional de Rectores (Conare) para definir el presupuesto del sistema de educación superior pública para 2027. En ese proceso, el Gobierno planteó una propuesta de aumento del 0%, mientras que, desde el Conare, las otras cuatro universidades públicas respaldan una redistribución que reduciría la proporción asignada a la UCR con el objetivo de reajustar las participaciones. En 2026, la UCR ya había bajado por primera vez del 50% del FEES, y tanto el Ejecutivo como las demás universidades apuntan a una reducción más pronunciada.
A este contexto se sumó la difusión de facturas que registran consumos que juntos superan los ₡800.000 en el restaurante Novillo Alegre, cargados al presupuesto de gastos de representación de Rectoría, lo que detonó la más reciente crisis y las negociaciones anticipadas del FEES.
Durante la toma del edificio Administrativo B, estudiantes denunciaron una serie de acciones que agravaron las condiciones dentro del inmueble. Entre ellas, el corte de servicios básicos como agua y electricidad, así como la activación de una alarma que se mantuvo sonando de forma continua durante aproximadamente 18 horas. Las personas manifestantes señalaron que estas medidas afectaron su permanencia en el lugar y las condiciones mínimas para sostener la protesta.
En el plano interno, la Facultad de Ciencias Sociales realizó el martes 28 de abril por la mañana una Asamblea de Facultad Ampliada, una figura que permite la participación de personas que no son representantes formales ante esta instancia. Durante su intervención, la decana Isabel Avendaño advirtió: “esta Asamblea puede ser una de las últimas que tengamos, así de serio es el asunto que aquí tratamos”.
A partir de las intervenciones, distintos sectores de la Facultad plantearon la necesidad de adoptar la figura de Paro Activo como mecanismo de respuesta inmediata ante la coyuntura. La propuesta, impulsada inicialmente por la Escuela de Ciencias Políticas y respaldada por agrupaciones estudiantiles, busca habilitar la suspensión parcial de la dinámica ordinaria para destinar tiempo dentro de los cursos a la discusión, información y organización en torno a la defensa del FEES y de la educación superior pública. Entre los argumentos expuestos, se señaló que esta medida permitiría ampliar la participación de la comunidad universitaria, facilitar la asistencia a actividades de movilización y generar espacios sistemáticos de análisis sobre el contexto actual.
Las intervenciones coincidieron en que el paro activo no implica la suspensión total de clases, sino su reorientación hacia procesos formativos vinculados con la coyuntura, así como la articulación con acciones de comunicación y movilización tanto dentro como fuera de la UCR. Además, se subrayó la necesidad de acompañar esta medida con una estrategia informativa para contrarrestar la desinformación y fortalecer el vínculo con otros sectores sociales, en un escenario descrito como de deterioro sostenido del financiamiento público y de presión sobre el modelo de educación superior estatal.
Pedro Navarro, director de la Oficina de Servicios Generales (OSG), también recibió críticas durante la asamblea por su abordaje de la toma estudiantil. Navarro estuvo presente cuando los estudiantes ingresaron al edificio Administrativo B y su dependencia es la señalada como responsable del corte de agua y electricidad denunciado por los manifestantes, así como de la activación de la alarma.
“El señor Pedro Navarro en todo este proceso también ha estado presionando a algunas personas y después culpabilizándolas directamente por la toma. Y creo que el señor Navarro tiene que dar una explicación y creo que la Facultad debe pedírselo, así como el Consejo Universitario”, dijo durante la Asamblea Ampliada de Ciencias Sociales el profesor Josué Arévalo.
Al cierre de edición se buscó una reacción de Navarro sobre estas observaciones hechas en la Asamblea, sin embargo, no se logró tener una respuesta dado que indicó vía mensaje de texto que estaba “en Turrialba en una sesión con estudiantes”.
En tanto, Rectoría convocó a una marcha para el 12 de mayo en defensa del FEES, una decisión que planteó interrogantes desde el seno de la Asamblea de Ciencias Sociales, debido a que se planteó la distancia temporal de la convocatoria frente a la urgencia del contexto.
