Tras revelar una serie de inconsistencias y riesgos de posible malversación de fondos dentro del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), los propios funcionarios de la entidad pidieron la renuncia del actual gerente general, Marco Hidalgo.
En una carta dirigida a la presidenta ejecutiva del INVU, el sectorial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) recalcó los daños a la imagen institucional que he generado Hidalgo por los señalamientos.
“Constantes noticias basadas en factos documentados causan indignación y repudio de la población institucional, sentimos que la imagen de la Institución se ha visto seria e irreparablemente dañada. Creemos que la Junta Directiva ha sido lenta ya que los hechos cuestionados han sido de conocimiento de la Junta Directiva desde tiempo atrás, y hoy en día no hemos visto acciones correctivas. Se han presentado múltiples informes de la Auditoría Interna y no se han materializado en cambios sustanciales”, destaca el documento.
Dicho criterio se da tras el informe confidencial emitido por la expresidenta del INVU, donde se señala una posible malversación de fondos por parte de Hidalgo, así como la existencia de ¢49 mil millones, provenientes de presupuesto y ahorros ciudadanos, que estarían en riesgo por mal manejo del dinero.
“Si el señor Hidalgo tuviese el mínimo de respeto por esta Institución renunciaría, si el señor Hidalgo tuviera un ápice de vergüenza en su ADN se daría cuenta que sus actos ya no son sostenibles, si el señor Hidalgo tuviera un filamento de dignidad se apartaría del puesto para que las personas que respetan y aman esta Institución vuelvan a levantarla a partir de los escombros que él dejó”, afirmaron los representantes sindicales.
Consultada por este medio, la actual presidenta del INVU, Gabriela Madrigal, aseguró que mantienen las investigaciones activas “con base a la documentación aportada y necesaria con el fin de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades dentro de un plazo prudencial, siempre en apego a la legalidad y el respeto irrestricto del debido proceso”.
