Intensa preocupación por el estado de la libertad de prensa ha generado la noticia de que el gobierno de Estados Unidos canceló la visa de las personas integrantes dela junta directiva de La Nación S.A.
Fue justo en la víspera del Día Mundial de la Libertad de Prensa que trascendió la decisión del gobierno de Trump, en un gesto que ha sido de manera generalizada interpretado como un ataque a la libertad de prensa.
Fue el sábado 2 de mayo que se conoció la decisión, con lo cual esas personas se suman a una lista de quienes ya han padecido tal decisión y que han sido en algún momento objeto de críticas y ataques de Rodrigo Chaves, mandatario hasta el próximo viernes.
Sin embargo, tal como se apuntó en un comunicado oficial de la empresa, “resulta inédito en la historia reciente de Costa Rica que se revoque la visa a miembros de la junta directiva de un periódico generalista e independiente”. Ese texto divulgado el sábado además destacó que ninguna de las personas afectadas había recibido explicación formal.
“El Día Mundial de la Libertad de Prensa nos recuerda que una sociedad sin prensa libre pierde mucho más que información: pierde voces, pierde capacidad de cuestionar al poder y pierde fortaleza democrática”, apunta un pronunciamiento divulgado el domingo en conjunto por el Colegio de Periodistas y profesionales en ciencias de la comunicación colectiva (Colper), el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la UCR y Punto y Aparte.
Ese texto apunta que “en los últimos años se han registrado situaciones que ameritan atención: descalificaciones hacia medios de comunicación, tensiones en el acceso a la información pública, discursos estigmatizantes contra periodistas y desafíos en la sostenibilidad e independencia de los medios públicos, como en el caso del sistema de radiodifusión estatal”.
Específicamente sobre la medida contra La Nación se apunta que “si esta decisión se basa en su posición crítica frente a este gobierno sería una señal preocupante más para nuestro sistema democrático”.
Por ello añade que “las autoridades del Estado costarricense, como muestra de su compromiso con la democracia, la defensa de las libertades y su deber con la ciudadanía, deben solicitar una explicación al Gobierno de los Estados Unidos. De no hacerlo, y de comprobarse que el motivo responde a la línea editorial, ese silencio constituiría una forma de complicidad inaceptable”.
Así, esas instancias piden a la opinión pública “reflexión individual, no guardar silencio frente al hostigamiento a cualquier medio de comunicación crítico, fortalecer las vinculaciones para tener una voz más fuerte, defender nuestro derecho a la libertad de prensa y reclamar una prensa profesional, responsable, íntegra y valiente”.
Por otra parte, la diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) por escrito requirió a Laura Fernández en su calidad de ministra de Presidencia y al canciller Arnoldo André que el gobierno aclare si “ya sea de manera institucional o a título personal por parte de alguno de sus jerarcas o funcionarios”, intervino en la decisión.
En el ámbito internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su “preocupación” por el retiro de visas a la directiva de La Nación y añadió que ha documentado en los últimos años “un deterioro significativo de las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en Costa Rica durante la administración del presidente saliente Rodrigo Chaves, caracterizado por un discurso estigmatizante hacia medios y periodistas, así como por un clima adverso para el debate público plural”.
Añade que en ese contexto, “resulta especialmente preocupante que medidas de este tipo afecten a una institución periodística como La Nación”, a la que califica como “pilar del periodismo independiente y un referente en la defensa de la libertad de expresión en la región”.
“El uso de herramientas administrativas sin explicaciones claras, en casos que involucran a medios de comunicación, genera inquietud y puede tener efectos inhibitorios sobre el ejercicio del periodismo”, señaló Pierre Manigault, presidente de la SIP.
La Red Centroamericana de Periodistas emitió su propio comunicado este domingo, en el que de similar manera expresó “preocupación” ante el hecho.
“Si bien toda nación tiene potestad soberana para determinar sus políticas migratorias y establecer criterio de ingreso a su territorio, cuando estas medidas afectan a personas vinculadas con la dirección de uno de los medios escritos más relevantes de Costa Rica y se produce sin claridad pública sobre sus fundamentos, surge una preocupación sobre posibles implicaciones parta la libertad de prensa”, apunta su comunicado.
Añade de seguido que ello se da “particularmente en un contexto regional donde las restricciones indirectas, la presión política y las señales de intimidación contra medios representan amenazas crecientes para la democracia”.
La cancelación de visas de parte de Estados Unidos es una práctica ya conocida que ha afectado a figuras de la oposición política en la Asamblea Legislativa, incluso a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otras personas. En todos los casos ha faltado una argumentación al respecto y las personas afectadas se han enterado a través de medios de comunicación adictos al chavismo.
Magistrado Paul Rueda confirma cancelación de su visa estadounidense
