El Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional, integrado por dirigentes de organizaciones magisteriales, anunció hoy que realizará un cabildeo intenso con los diputados electos de la Asamblea Legislativa (2026-2030), para que resellen la ley que descongelaba y reajustaba las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional por costo de vida y que fue vetada por el presidente Rodrigo Chaves.
El principal argumento del Poder Ejecutivo para vetar la ley ha sido que la iniciativa generaba un gasto automático, permanente y sin fuente de financiamiento definida. Sin embargo, los dirigentes del Magisterio denunciaron que por un error técnico en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), las pensiones de estas personas jubiladas quedaron amarradas a las restricciones de las alzas salariales de los funcionarios públicos que están activos. Asimismo, denunciaron que el Estado incumplió su deber de crear el fondo correspondiente para administrar estas pensiones.
En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Dennis Solís, presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y coordinador político del Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional, dijo que el veto del presidente “es un atropello” y que, como acto, no es un simple trámite, sino “una agresión contra la dignidad de quienes entregaron su vida a la educación”.
“La indignación nos impulsa a defenderles en las calles si es necesario”, afirmó Solís, quien destacó que se trata de “la defensa de un derecho humano básico: el de una pensión digna”.
Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), denunció que este sector jubilado de pensionados lleva más de cinco años sin un alza en los montos de sus pensiones. “Esto repercute en su capacidad adquisitiva porque ha visto sus ingresos disminuidos en un 10%”.
“Acá, hacemos un llamado, porque la ley 9635 congelaba salarios, no congelaba pensiones (…). Queremos hacer un llamado a las nuevas autoridades de la Asamblea Legislativa para que corrijan esta situación”, señaló Montero.
Levantar el veto requiere 38 votos
El proyecto de ley 24.353, fue impulsado por organizaciones del Magisterio y presentado por el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña el 30 de mayo de 2024. Fue aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa el 19 de abril pasado.
La iniciativa buscaba descongelar las pensiones del RTR menores o iguales a ¢2 millones, mediante revalorizaciones automáticas semestrales, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con cortes en junio y diciembre.
Asimismo, contemplaba un ajuste adicional transitorio durante cinco años, que consistía en un aumento de un 2% para pensiones de hasta dos salarios base y de un 1% para las superiores a ese umbral, para compensar la pérdida acumulada durante el congelamiento vigente desde 2020.
El 28 de abril, el Decreto Legislativo 10.944 fue vetado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves y la ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández.
Ahora el texto regresa a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde las nuevas personas diputadas deberán decidir si acogen los argumentos del Poder Ejecutivo o lo resellan (levantan el veto) -para lo cual se requiere una mayoría calificada de 38 votos.
Nunca se creó fondo para gestionar estas pensiones
El Magisterio Nacional tiene dos regímenes: El Régimen Transitorio de Reparto (RTR), que es un sistema de pensiones cerrado para trabajadores que empezaron a trabajar antes del 15 de julio de 1992. Y el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), que es el régimen actual, para la mayoría de trabajadores nuevos.
El RTR se rige por tres leyes: la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional en Costa Rica (2248) de 1958; la Reforma a esa ley de 1991 (7268); y la reforma a dicha ley de 1995 (7531).
Gilda Montero explicó que las leyes 2248 y la 7268 son las más antiguas, cuando no existía una organización como la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema), que administrara los fondos, sino que los administraba Hacienda.
“Cada persona pensionada cotizaba hasta el 16% de su salario para ir creando un fondo de pensiones”, señaló Montero. Sin embargo, nunca se creó un fondo que gestionara e invirtiera esos recursos en activos (acciones, bonos) para madurar y generar rendimientos.
“Hacienda no tiene un fondo específico de estas pensiones (…) y estas tres leyes co-dependen de ese supuesto fondo que nunca se almacenó, que nunca se ahorró, que nunca se trabajó, sino que, pareciera ser que los dineros directamente fueron empleados en otras cosas. Y esos dineros no maduraron, no ganaron, no generaron suficientes recursos y hoy en día es ‘a coyol partido, coyol comido’” y por eso el Gobierno dice que no está el dinero disponible para poder cubrir esta deuda”, expuso Montero.
A diferencia de esto, los recursos del RCC son administrados y gestionados por Jupema, los trabaja, los va recapitalizando, para que cuando estas personas empiecen a jubilarse, los dineros estén disponibles y las personas gocen de su pensión, aclaró Montero. “Con la gente del RCC, según los estudios actuariales, existe la posibilidad de que aquí, a 100 años, nuestros nietos, hijos, tataranietos, tengan asegurada la pensión, porque ha habido una administración correcta de ese fondo de pensiones”, resaltó la dirigente.
“El Régimen Transitorio de Reparto debió haberlo administrado Hacienda”, aseveró.
