En los meses de junio y julio el Foro de la Justicia realizará los “Diálogos propositivos hacia una reforma judicial democrática y viable” en distintas regiones del país.
Esa instancia de la sociedad civil es integrada por Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), la Asociación Americana de Juristas, rama Costa Rica, la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad La Salle, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), por el Programa Estado de la Nación (PEN) y por personas expertas independientes.
La iniciativa de los Diálogos cuenta con el auspicio de Cejil y buscará “abrir un espacio amplio, plural e informado de discusión, en el que se puedan analizar, fortalecer y complementar las propuestas existentes, incorporando diversas voces de la sociedad”.
Mediante un comunicado se informó además que el Foro aprovechó el inicio de este nuevo ciclo legislativo para presentar a las nuevas diputaciones sus propuestas, bajo el lema “Reforma judicial responsable sí: una decisión clave para las personas”.
Así, se envió a las diputaciones los siete ejes prioritarios para orientar la reforma. El primero de ellos tiene que ver con los nombramientos y reelección de las magistraturas, en que se insiste en “procesos basados en mérito, transparencia y reglas claras, con rendición de cuentas y garantía de independencia”.
También se apunta en cuanto a la carrera judicial que se requiere “fortalecimiento de la estabilidad en los cargos, acompañada de evaluación de desempeño, formación continua y controles contra la corrupción”.
Respecto al gobierno judicial se reiteró la necesidad de una “desconcentración de funciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia hacia órganos técnicos, para mejorar la eficiencia y evitar la concentración de poder”.
Se plantea el fortalecimiento de la Sala Constitucional mediante “mayor autonomía, descarga de funciones administrativas y mejora en los sistemas de nombramiento”; mientras que respecto al Ministerio Público se señala que se le debe dotar de “capacidades reales”, es decir, fortalecer la carrera fiscal y dotarle de herramientas materiales, legales y humanas, “para investigar eficazmente delitos complejos, como la corrupción y el abuso de poder”.
Otro de los planteamientos tiene que ver con impulsar una cultura institucional que promueva “una función judicial basada en la ética, la probidad, la independencia y el compromiso con los derechos fundamentales”.
A todo ello se suma la necesidad de la participación ciudadana en las discusiones sobre el sistema de justicia.
El Foro subrayó que “la justicia independiente es un derecho humano y una condición indispensable para la democracia, por lo que cualquier reforma debe garantizar una justicia independiente, accesible y efectiva para todas las personas”.
