Un grupo de ganaderos de varias zonas del país solicitaron este lunes al Gobierno derogar el decreto de trazabilidad bovina, que obliga a identificar todo el ganado con un arete oficial para poder movilizarlo de un lugar a otro y enviarlo a las subastas y mataderos, por considerarlo ilegal.
En una conferencia de prensa organizada por la Unión Ganadera de Costa Rica, los ganaderos afirmaron que el “areteo a como está, no va” y advirtieron que protestarán en las calles de manera cívica, si es necesario.
El pasado 6 de mayo, el Gobierno dio una prórroga hasta el 26 de octubre de este año para la entrada en vigor del polémico decreto “Creación del sistema nacional de identificación individual y rastreabilidad del ganado bovino y modificaciones al reglamento a la Ley de control de ganado bovino, prevención y sanción de su robo, hurto y receptación» (44336 -MAG-S-SP-MOPT).
Yayo Vicente, médico veterinario y exdirector del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), explicó que intentaron conversar con la administración Chaves Robles, pero no fue posible. “Le estamos dando el beneficio de la duda a la presidenta Laura Fernández; yo les digo que está mal asesorada”, dijo.
Vicente alegó que es ilegal porque un decreto no puede estar por encima de una ley y que la ley indica que la identificación del animal es voluntaria. “Y aquí lo están poniendo por decreto de manera obligatoria”.
El abogado Eddie Alvarado, ganadero de Tilarán, también destacó que el areteo no debe ser forzado, ya que la propia ley señala que el ganadero podrá elegir entre marcar (con fierro) su ganado o identificarlo con un arete.
Los ganaderos solicitaron hoy al Poder Ejecutivo derogar el decreto y que el areteo sea voluntario, como dice la ley. También pidieron sostener una reunión con el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería Juan Gabriel Ramírez.
Por su parte, Minor López, pequeño productor ganadero de Tilarán y dirigente de la Unión Ganadera de Costa Rica llamó la atención sobre la necesidad de un diálogo. “Primero debe haber una mesa de trabajo. Si esta carambada no se hace en una mesa de trabajo, con la sensibilidad de un productor, esto va a llegar a tierra estéril”.
Alegan un “impacto país” por el decreto
El abogado Eddie Alvarado presentó un recurso de amparo -en representación de estos ganaderos- con medida cautelar ante la Sala Constitucional, al cual la Sala le dio curso el 28 de abril (Expediente 26-011771-0007-CO). Este alega que la implementación obligatoria de un sistema de trazabilidad individual y la eliminación de las guías de movilización de ganado en formato físico, son medidas lesivas “para los derechos fundamentales y la estabilidad económica del sector agropecuario”.
En este se explica que la «Ley de control de ganado bovino, prevención y sanción de su robo, hurto y receptación» (8799) establece en su artículo 25 una trazabilidad de identificación opcional entre la marca de fierro y cualquier otra forma de identificación del ganado y que esto ha generado un estado de confianza legítimo “creado por expresa disposición legal, el cual no ha sido eliminado por ninguna otra norma jurídica de igual o superior rango”. Frente a esto, el Estado impuso una trazabilidad individual de identificación obligatoria mediante un decreto.
En segundo lugar, plantea que la Ley 8799 establece la guía de movilización de ganado como documento físico. Sin embargo, en una respuesta a la Federación de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste (Oficio DG-700-2025, 9 de octubre de 2025), Senasa indica que acabará con las guías físicas en su coexistencia con la modalidad digital y que ya no habrá más abastecimiento de estas guías físicas. “Se nos anuncia desabastecimiento de la modalidad clásica y principal de guías físicas”.
En su recurso, los ganaderos también destacan que la eliminación de las guías físicas deja “sin posibilidad de movilización y comercialización de su ganado a todo ganadero ubicado en zonas del país sin cobertura digital, con mala cobertura o brecha digital”.
Y en tercer lugar, argumentan que el decreto señala que Senasa actuará vinculada por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) para toda la gestión ganadera; pero la OMSA en su carta fundamental y estatutos indica que respeta la soberanía de los países y de sus órganos fitosanitarios y que solo puede emanar recomendaciones”.
También expone graves deficiencias en el sistema informático «Traz Agro», alegando que la base de datos no refleja los cambios de propiedad tras las ventas en subastas, lo que provoca que el ganado figure a nombre de propietarios anteriores, rompiendo así la trazabilidad de origen y la seguridad jurídica sobre la tenencia de los animales.
Por último, resalta el impacto socioeconómico de estas medidas, citando informes de organizaciones gremiales, y advierte que solo una fracción minoritaria del hato nacional ha sido identificada bajo el decreto y que si se mantiene su entrada en vigencia, se prevé un desabastecimiento inminente en subastas, plantas de proceso y centros de expendio de carne, lo que derivaría en despidos masivos y una afectación generalizada a la cadena de suministro nacional, calificada en el texto como un «impacto país».
