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La Comisión de Padres y Madres de Familia de la Escuela Doris Z. Stone, ubicada en el Territorio Indígena Boruca, en Puntarenas, cerró este jueves el centro educativo, luego de que se detectara un celular en el baño de las niñas, el cual supuestamente tenía ocho horas continuas de grabación.
La Comisión explicó que la protesta responde a la reincorporación, el lunes 20 de julio, de un funcionario de seguridad a quien los padres de familia señalan como sospechoso de los hechos.
“...El lunes 20 de julio de 2026, el Ministerio de Educación Pública decidió reincorporar al funcionario de seguridad que podría estar relacionado con la investigación originada por el hallazgo del dispositivo celular oculto en el baño de niñas, sin que, según la información conocida por esta Comisión, exista un avance significativo en el proceso judicial que permita despejar las preocupaciones de la comunidad educativa”, indicó un comunicado de los padres.
De acuerdo con las familias, esta decisión genera un grave deterioro de la confianza en las medidas de protección adoptadas por las autoridades y representa un riesgo para la percepción de seguridad dentro del centro educativo. El texto resalta que la investigación no ha concluido y que el caso involucra hechos de alta sensibilidad relacionados con la protección de personas menores de edad.
Víctor Hernández, padre de familia, indicó a La Nación que el Ministerio de Educación Pública (MEP) le interpuso al presunto sospechoso una medida cautelar que resultó en una reubicación. Sin embargo, el trabajador ya regresó a la escuela el pasado lunes.
Este medio preguntó al MEP sobre el caso, pero a la hora de esta publicación, la consulta sigue en trámite.
Cronología de los hechos
Según el comunicado de la Comisión de Padres y Madres de Familia, el 23 de abril del 2026 una estudiante encontró un teléfono celular oculto en la pared de un servicio sanitario. El aparato, presuntamente colocado dentro de una estructura de estereofón y plastilina orientada hacia los inodoros, contenía alrededor de ocho horas de grabación.
El documento afirma que, antes de la llegada de la Fuerza Pública, personal del centro educativo extrajo el dispositivo y revisó parte de su contenido. Al día siguiente, los padres cerraron la escuela en señal de protesta y las autoridades inspeccionaron los baños.
El 27 de abril se realizaron reuniones entre la Dirección Regional de Educación Grande de Térraba y organizaciones del Territorio Indígena de Boruca para definir acciones administrativas. Posteriormente, la Comisión señaló presuntas contradicciones entre dos informes oficiales sobre la actuación del personal del centro.
Finalmente, el 22 de mayo presentó dos denuncias adicionales por supuesta revictimización de la estudiante que encontró el teléfono y por una presunta alteración de informes oficiales, para lo cual aportó testimonios, audios, fotografías e informes institucionales.
“Las familias reiteran que su movimiento no pretende obstaculizar el derecho a la educación, sino garantizar que este derecho pueda ejercerse en un ambiente seguro, libre de cualquier situación que comprometa la integridad física, emocional y psicológica de los estudiantes”, señalaron los padres.
