Comunidades rechazan acuerdo entre Gobierno y Alcaldes sobre concesión San José-San Ramón

El Foro de Occidente, compuesto por representantes de varios cantones de la zona de occidente del país, comunicó hoy que se opone de manera rotunda al acuerdo al que llegaron esta tarde “el gobierno de Laura Chinchilla, su Ministro de Obras Públicas y Transporte, Pedro Castro, y los alcaldes y alcaldesas convocados de la zona para abrir el diálogo sobre la concesión de la carretera San José-­? San Ramón”.

En la reunión se llegó al acuerdo de no iniciar obras en la vía de la Ruta 1 San José – San Ramón hasta que se aclaren las dudas sobre al contrato de la concesión, pero los vecinos de Occidente aseguran que:- “Estamos en contra en todos los alcances que tiene el contrato refrendado, el cual no puede ser modificado sin antes rescindir el refrendo. Consideramos que la reunión que tuvo el Ministro con los alcaldes no nos representó”.

Willy Alfaro, miembro del Foro de Occidente, aseguró que no “consideramos que el pueblo esté desinformado, como el ministro afirma, y no aceptamos ninguna posición de los alcaldes sobre la modificación de este contrato ni la posibilidad de un adendum en el contrato, ya que estamos en contra de la concesión con la empresa OAS”, declaró.

La agrupación acordó exigir al gobierno no ratificar el contrato con la empresa OAS, ya que el refrendo que dio la Contraloría General de la República se encuentra impugnado por la Municipalidad de San Ramón desde el pasado 18 de marzo.

“No se debe ratificar debido a las irregularidades demostradas en lo legal, ambiental, social y debido a la modificación de la obra constructiva propuesta en el contrato original, la cual cambió en más de un 80%”, afirmó Eladio Carranza, miembro activo del Foro de Occidente.

Las obras en la Ruta 1 son consideradas de interés nacional debido a que, como afirma Carranza, “son parte de la carretera Interamericana; por lo mismo no podemos entregarla a manos privadas”.

Los representantes del Foro de Occidente, apoyados por sus comunidades, exigen al gobierno que esta carretera siga siendo una ruta propiedad de todas y todos los costarricenses y sea asumida por el Estado costarricense de acuerdo con las necesidades no solo de la Región de Occidente, sino también de la Zona Norte del país.