Sindicatos se manifiestan en contra de medidas del Gobierno en relación con huelgas de sector salud y servicios públicos

Algunos sindicatos mostraron su malestar por las medidas que propone el Gobierno en relación a las huelgas en el sector salud y de servicios públicos. CRH

Algunos sindicatos se manifestaron en contra de las restricciones que está solicitando el Gobierno en relación con las huelgas en el sector salud y de servicios públicos, afirmando que atentan contra “la libertad sindical y el derecho humano de la clase trabajadora a la huelga”.

Las reformas que propone el Poder Ejecutivo, buscan que las huelgas en el sector público no puedan llegar a afectar los aspectos de la población, particularmente que pudiera ponerse en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas y aseguran que el código que fue vetado lo permitiría.

La reforma pretende prohibir que varios sindicatos importantes del país como los del sector salud, el sindicato de JAPDEVA, sector combustible y el de la Fuerza Pública, ejecuten su derecho a manifestarse. Actualmente, la norma contempla este mismo punto, por lo que la reforma mantendría las restricciones que en el primer proyecto aprobado se planteaban más permisivas.

“Atenta directamente contra la libertad sindical y el derecho humano de la clase trabajadora a la huelga como única medida de presión cuando sus derechos y garantías laborales están siendo violentados por el patrono sea público o privado”, indicó la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA).

UNDECA resalta que en el comunicado el Gobierno se afirma que la decisión es producto de “varios meses de análisis y un proceso de diálogo con distintos sectores y luego de haber vetado parcialmente la reforma al Código Procesal Laboral”, asegurando que solo se han reuniendo con representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y la Rerum Novarum, “excluyendo al resto del movimiento sindical de manera abrupta, lo que nos deja la duda de si esas medidas antisindicales cuentan con el respaldo de esas organizaciones sindicales, lo que sería traicionar a la clase trabajadora”.

Además, agregan que la Presidente de la República Laura Chinchilla le mintió a la Organización Internacional de Trabajo (OIT), “ya que en la conferencia de esta Organización realizada en junio del año anterior, la Presidenta habría manifestado que la Reforma Procesal Laboral había sido negociada y que para ello contó con el respaldo de esas dos organizaciones sindicales que permitieron que llegara con algo en las manos para responder a las constantes denuncias contra las últimas cinco administraciones. Pero al regresar a Costa Rica, vetó inmediatamente la Reforma Procesal Laboral y procedió a presentar estas reformas que proscribe derechos fundamentales de negociación colectiva y huelga, al estilo de los países más represivos y retrógrados en materia laboral y sindical”.

Por su parte el asesor político de la ANEP Rafael Mora, afirmó que no están de acuerdo con las restricciones que propone el Gobierno en materia de puestos, hidrocarburos, la limitación a las huelgas y en los servicios de salud.

“Ahora estamos tratando de negociar, no con el Gobierno, sino con la Asamblea Legislativa que es donde se encuentra la reforma”, dijo Mora.

Además, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) envió un comunicado en el que indican que “rechazan de plano la propuesta que el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa, para modificar lo relativo al derecho de huelga en la Reforma al Código Procesal Laboral… Ni la APSE, ni la gran mayoría de las organizaciones sindicales ni gremiales fuimos tomadas en cuenta para estas “conversaciones” y, por lo tanto, no fuimos partícipes de tal decisión”.

Intentamos conocer la posición de la OIT, pero al cierre no habían respondido aún las consultas.

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