• Astraa denunció convención colectiva, que venció en setiembre
  • Gerencia se opone a cambios que implican nuevos gastos

(Imagen tomada del Facebook de Astraa)

(Imagen tomada del Facebook de Astraa)

La Asociación de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (Astraa) propuso importantes cambios a la convención colectiva que rige al Instituto. El plan del sindicato, uno de los tres en la entidad, ya está en análisis en el Ministerio de Trabajo.

El viceministro y encargado del tema, Hárold Villegas, aseguró que ya se recibió la propuesta y ahora corresponde el análisis y diálogo de la misma, para llegar a un acuerdo. Esta fase tardará unas dos semanas, cuando se deba tomar una decisión.

El gerente General del AyA, José Alberto Moya, dijo que la semana pasada remitieron el documento con las observaciones. Las autoridades no vieron necesario realizar cambios, pues ven la convención vigente como razonable. La misma venció en setiembre.

Pero si se oponen a algunos cambios buscados por el Astraa. Según Moya, el gremio pidió modificaciones en 30 de los 61 artículos. Uno de ellos es que piden un pago bisemanal, en este momento es cada quincena.

Con la solicitud se daría un incremento de 0,07 (un catorceavo) al año en el salario, ya que se pagaría un mes más. Por eso, el Gerente aseguró que legalmente no es viable y el costo es significativo.

Además, el sindicato pide un rompimiento del tope de la cesantía, que es de ocho años, como lo establece la ley. El AyA negó esta posibilidad.

Por decreto, la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas es la encargada de ver el tema. Está integrada por los jerarcas de Trabajo (es presidida por el Viceministro Villegas), Hacienda, Procuraduría, Servicio Civil y la entidad respectiva, en este caso el Gerente del AyA.

¿Cómo se cambia una convención?

La Sala Constitucional ha reiterado que la negociación de convenciones colectivas debe respetar las leyes, reglamentos o directrices gubernamentales vigentes.

El Código de Trabajo, en su artículo 64, indica que el Poder Ejecutivo fijará el plazo de vigencia de una convención, el cual no puede pasar de cinco años ni bajará de uno.

El plazo se prorrogará automáticamente, en cada ocasión, durante un período igual al fijado, si ninguna de las partes expresa al Ministerio de Trabajo, con un mes de anticipación al respectivo vencimiento, su voluntad de dar por terminada la convención.

Además, cualquier convención en vigor puede ser revisada por el Poder Ejecutivo si las partes de común acuerdo así lo solicitaren por escrito ante el Ministerio.

Según el decreto 29576-MTSS, del 2001, la Comisión debe recibir la solicitud de negociación junto con el proyecto de convención colectiva, una opinión de la entidad y el nombramiento del representante jerárquico. Luego definirá las políticas y girará instrucciones.

También define cómo se debe conformar la comisión, la participación de los sindicatos y cuáles organizaciones gremiales de una institución pública participará de la negociación.

Insistencia del sindicato y negociación pendiente

En la tarde de este domingo una un tubo madre en Escazú Centró reventó cerca de Zapatería Vícar, debido a esta situación empleados de Acueductos y Alcantarillados (AYA) tuvieron que dar atención de emergencia.

Astraa también pidió que se incluya el riesgo por trabajos en recolección de aguas residuales de sus empleados. (Imagen con fines ilustrativos / Archivo CRH)

Otros cambios solicitados son que se contemple en el salario, el riesgo de trabajar en recolección y tratamiento de aguas residuales.

El gerente General del AyA, José Alberto Moya, aseguró que esa petición se acepta, pues ya está incluida en el Reglamento autónomo de servicios de la institución, por lo que solo se añadiría a la Convención colectiva.

La entidad acepta las propuestas que no implican algún roce administrativo o un nuevo gasto.

Se intentó conversar con el secretario de Astraa, Wálter Navarro, este martes, pero en la mañana indicó que estaba en una reunión y en la tarde no contestó el teléfono celular.

En setiembre, crhoy.com detalló que las convenciones colectivas siguen siendo un dilema pendiente para Costa Rica y al cual el Gobierno apenas inicia el proceso de cambios.

En este momento, según los datos consultados al Ministerio de Trabajo, hay 75 convenciones colectivas vigentes en instituciones públicas. Cinco son del Gobierno central; dos en instituciones autónomas; 11 en empresas públicas y cuatro en universidades públicas y el Instituto Nacional de Aprendizaje.

En el sector público, cobijan a 126.317 empleados. La entidad con mayor funcionarios bajo una convención es el Ministerio de Educación Pública (MEP) con 71.000. Luego le siguen la Universidad de Costa Rica con 8.995, el Banco Nacional con 5.246 y el Instituto Nacional de Seguros con 2.316.

En el caso del Instituto, hay detalles como que el artículo 35, sobre “Exoneración de control de asistencia”, define que quedarán exentos de la “obligación de registrar en los medios institucionales de control de asistencia aquellos funcionarios con un mínimo de quince años de laborar de forma ininterrumpida para AyA, y que no posean registros de llegadas tardías y o ausencias en su récord institucional”.

Justamente la convención de los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (Japdeva) vencerá en diciembre y ya el Gobierno adelantó que la analizará. Esto en medio del conflicto y la huelga del sindicato de esa entidad.

El diputado Mario Redondo pidió que se renegocie el documento de la Refinadora Costarricense de Petróleo. También este medio, informó cómo se inflan los salarios debido a estos acuerdos.

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