Los principales sindicatos de trabajadores públicos anunciaron ayer que denunciarán al Estado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los sindicalistas reclaman que el Gobierno negoció el último ajuste salarial solo con las organizaciones minoritarias.

Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), afirmó ayer que el Poder Ejecutivo actuó “arbitrariamente” al fijar el alza sin la presencia de los gremios que agrupan a la mayoría de los empleados públicos.

Esa posición es apoyada por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), el Sindicato de Trabajadores Estatales (Siteco) y el Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados.

El Ejecutivo aprobó el miércoles un aumento –válido para el primer semestre del año– que oscila entre 1,08% y 1,60%.

Para los trabajadores profesionales se fijó un alza del 0,94% a la base, sumado a un 0,14% que se les adeudaba del semestre anterior (en total, será 1,08%).

Los porcentajes fueron aprobados después de que los sindicatos mencionados se retiraron de la mesa de negociación.

“Nosotros le decimos al señor ministro de Trabajo (Víctor Morales) que nos dé tiempo para llevar la propuesta a las juntas administrativas y el señor dice que no, que se queda con los que quieran quedarse y los que se quedaron son los sindicatos de la minoría”, aseguró Cascante.

Ana Doris González, presidenta de APSE, sostuvo que desean que la OIT conozca la manera en la que negocian con los trabajadores en Costa Rica.

El próximo lunes, los sindicatos se reunirán a la 1 p. m. para definir si van a huelga como medida de presión.

Víctor Morales, ministro de Trabajo, sostiene que el aumento fue definido de acuerdo con la ley. “En la mesa de negociación nunca se rompió el cuórum; siempre hubo cuórum para tomar una decisión”, alegó Morales.