Osa. El grupo de campesinos desalojados de tierras en Palmar Sur, presionan al Gobierno para que a más tardar mañana martes tenga lista una solución a sus problemas.

La advertencia la hicieron al acabar, la madrugada de este domingo, una reunión con el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas , y el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas Rojas, quien funge como mediador.

Mientras, mantienen el bloqueo parcial de la carretera Interamericana, a la altura del puente sobre el río Térraba. En ese sitio permanecen desde el martes pasado.

Los manifestantes exigen que se les traspasen unas tierras ubicadas en Finca 2-4 y Finca 6, donde ellos trabajaban como empleados de un empresario que las arrendaba a la cooperativa Coopropalca.

El empresario, identificado como Óscar Chavarría, se declaró en quiebra y muchos de los trabajadores que laboraban en esa compañía quedaron sin el pago de salarios, aguinaldos y demás derechos.

Por eso, ellos reclaman los terrenos como compensación por el dinero adeudado. Sin embargo, las fincas están hipotecadas.

Tal situación la plantearon los dirigentes campesinos al ministro Alfaro en una reunión de casi seis horas este fin de semana.

Al final, concluyeron en que darían tiempo hasta el día de hoy, a las 5 p. m., para hallar una salida satisfactoria para los manifestantes y suficiente para liberar la vía Interamericana Sur, clave para el transporte en la zona.

Las partes acordaron la realización de una investigación acerca de la situación jurídica de los terrenos, así como asistencia del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) por este periodo.

“Hay una solicitud de la Procuraduría (General de la República) de una medida cautelar de detener el desalojo por cuanto el contrato de arriendo que lo originó venció en 2011. Una medida cautelar urgentísima donde hay un peligro en la demora; el tribunal debe pronunciarse cuanto antes. El que no lo haga genera una incertidumbre y podría generar daños irreparables”, dijo el diputado Vargas.

Posibles abusos. El diputado también afirmó que Alfaro se comprometió a investigar la actuación de las instituciones involucradas en el desalojo.

“Yo le pedí una investigación al ministro, a efectos de ver si se realizaron bien los procedimientos de desalojo, ya que la gente dice que no hubo asistencia del IMAS o instituciones involucradas”, dijo Vargas.

Quienes habitaban los terrenos aseguran que las autoridades atropellaron sus derechos, algunos, como Pedro Ortiz, dicen que las autoridades llegaron a retirar hasta los medidores de electricidad de las viviendas.

Carlos Vargas, vecino, también asegura que algunos de sus cultivos fueron destruidos, aunque desconocen quienes serían los responsables.