La marcha de empleados públicos de este jueves cerró ante el Congreso con un llamado a huelga entre finales de setiembre e inicios de octubre.

Así lo dijeron Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores, y Luis Chavarría, secretario general de la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social.

Chavarría expresó que los líderes gremiales analizan esta medida y creen que es la “opción” a seguir, si los diputados “no dejan de manchar el prestigio de la clase trabajadora”.

El recorrido atrajo sobre todo a trabajadores de la educación y de la salud, reunidos en el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, opuesto al “modelo neoliberal” que, dicen, daña la calidad del empleo.

Al final de la protesta, los manifestantes fueron atendidos solo por los diputados Jorge Arguedas y Ligia Fallas, del Frente Amplio. El desfile arrancó pasadas las 10 a. m., del parque Central y, en su momento más concurrido, llenó de manifestantes unas cinco cuadras.

El caudal resultó inferior con respecto a la manifestación del 27 de julio, organizada por el sindicato del Instituto Costarricense de Electricidad y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, que no acudieron.

Afectación moderada. El nivel de afectación en servicios fue moderado, según reportes iniciales.

Aunque Cascante esperaba una suspensión de clases en el 95% de los centros educativos de todo el país para este jueves, la dirección de prensa del Ministerio de Educación informó de que hoy viernes tendrá claridad de cuántos centros fueron afectados.

Alumnos de escuelas y colegios del casco capitalino se quedaron sin recibir sus lecciones, según comprobó este diario.

Consultado sobre los derechos de los estudiantes que ayer perdieron clases, Cascante argumentó que los alumnos tienen diversas vías para reponer el tiempo, “como extraclases, hacer tareas y estudiar”.

Chavarría sostuvo que algunos servicios médicos se vieron afectados, menos los de carácter esencial.

Manuel León Alvarado, gerente administrativo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), afirmó que los centros médicos del país atendieron a los usuarios con normalidad.

Un informe dado a conocer al final de la tarde detalló que se unieron al movimiento 961 empleados entre hospitales y áreas de salud.

Dejaron de realizarse 25 cirugías, 213 consultas programadas y 48 procedimientos.

Los más afectados fueron los hospitales Calderón Guardia, México y San Juan de Dios.

En el caso del Calderón Guardia, nueve salas de cirugía se paralizaron pues la sección de Enfermería se sumó a la protesta.

Entre tanto, en los puertos limonenses hubo un retraso de cuatro horas en la prestación de servicios, señaló José Aponte, gerente portuario de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

“Debimos posponer las operaciones de atraque de dos barcos y tuvimos retrasos al atender a otros cinco”, dijo Aponte.