Ante la noticia de un inminente desalojo de las tierras que ocupan desde hace 15 años, un grupo de alrededor 75 personas se manifestó este martes por cinco horas en Palmar Sur de Osa.

El terreno en conflicto es la finca Chánguina, propiedad de una empresa bananera. El lugar fue invadido por extrabajadores que aseguran que se les dejaron de pagar sus salarios, por lo que decidieron tomar las tierras como cobro de la deuda.

Durante la protesta, se bloqueó un carril del puente sobre el río Grande de Térraba, en la carretera Interamericana Sur.

El cierre se mantuvo hasta las 11 a. m., cuando se produjo un enfrentamiento entre campesinos y policías que dejó como saldo siete detenciones y dos personas heridas (un protestante y un oficial), que fueron trasladadas en condición estable al Hospital Tomás Casas, en Ciudad Cortés.

Los manifestantes aseguraron estar dispuestos a escuchar la propuesta de las autoridades, pero también quieren exponer su punto de vista.

“Esto es un llamado para el Gobierno, para que detenga de una vez por todas este desalojo y permita a los campesinos seguir cultivando las tierras”, manifestó Daniel Villalobos, uno de los líderes del movimiento, quien fue aprehendido y liberado unas horas después.

Hasta la tarde de este martes, otras seis personas continuaban detenidas, a las órdenes de los Tribunales de Justicia de Osa.

Salidas. Los campesinos tienen el apoyo de Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio, quien adelantó que realizan gestiones para impedir el desalojo.

Agregó que espera reunirse con autoridades del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el cual, estima, podría solucionar el tema de los terrenos ocupados.

“Estoy tratando, desde mi trinchera, de buscar una salida al asunto. Es una carrera contra el tiempo para suspenderlo”, dijo.

Por su parte, Casa Presidencial aseguró, en un comunicado, haber tomado medidas para reducir la afectación de las familias, entre esas la construcción de casas provisionales y el ofrecimiento de darles subsidios de alquiler por un año.

Reincidente. En el 2015 hubo varias manifestaciones en el mismo lugar, motivadas por el desalojo, el cual se tenía previsto para setiembre del año pasado.

La historia se remonta incluso antes de eso. La primera orden para desocupar la zona la dio, en el 2002, la Sala Constitucional al Ministerio de Seguridad Pública.

No obstante, en esa ocasión no se realizó, ni tampoco en el 2003, cuando se reiteró la directriz.