Manifestación saca a flote fisuras en sector transporte

• Taxistas y buseros reclamarán desatención del gobierno
• Operación de Uber en el país figura entre los puntos a tratar

Manifestación de taxistas contra Uber en la Antigua Aduana en marzo anterior. Archivo CRH.

La Asociación Cámara Nacional de Autobuseros (Canabus) se desligó del movimiento planteado por taxistas y un sector de los autobuseros, que planea manifestarse contra la operación de Uber en Costa Rica.

La manifestación saldrá del Parque de La Paz con destino hacia Casa Presidencial y el sector pretende que el Poder Ejecutivo les conceda una audiencia. Además, reafirmaría su oposición a que plataformas electrónicas, como Uber, consigan regularizar su estatus en el país.

“Consideramos que los ciudadanos costarricenses están cansados del caos vial al que se enfrentan cada día y por lo tanto no compartimos este tipo de manifestaciones que son contrarias a nuestras propuestas de soluciones en las que cree esta organización, que son el diálogo y la transparencia”, citó el presidente de Canabus, Alfredo Villalobos, en una misiva publicada este miércoles.

Los transportistas reclamaron una supuesta desatención de parte de las autoridades y alegaron que el transporte informal se ha multiplicado en los últimos años, sin ningún tipo de control.

“Se ha conversado con los mandos medios y no se toman decisiones. Necesitamos que el señor presidente (Solís) esté empapado de la situación y que sea él el que les diga cómo actuar. Estamos perdiendo la batalla, los decretos y una regulación grande. Nosotros, los regulados, sufrimos mucho”, externó Juan Carlos Salazar, de Asotranstur.

Asdrúbal Fallas, de Canatrans, coincidió en que el transporte ilegal se multiplicó sin ningún tipo de control. “Vemos cómo el transporte informal en los últimos 2 años ha tenido mucho crecimiento (…) Da la impresión de que no vemos una acción clara”, expresó.

Sobre el tema de Uber, la Sala Constitucional estudia una acción de inconstitucionalidad que pretende abrir las puertas a la operación de dichas plataformas.

Villalobos concluyó que continuarán insistiendo en que el Poder Ejecutivo haga valer la legislación vigente, tras el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) donde indican que cualquier transporte remunerado de personas debe estar sujeto de legislación.

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