Diputados aprueban Plan Fiscal en primer debate

• Se opusieron diputados de Restauración Nacional, PIN, PRSC, Frente Amplio.
• Votación se dio en medio de protestas en las afueras de la Asamblea Legislativa.

 

El plenario legislativo finalizó este viernes una intensa jornada con un resultado final: la aprobación en primer debate del proyecto Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con el apoyo de 35 diputados.

Para llegar hasta este punto, los congresistas iniciaron la discusión desde la 1:00 p.m. hasta las 2:00 p.m. y retornaron una hora después para seguir con la discusión el momento de la decisión final.

Previo a eso, se dio la discusión por el fondo, medio que fue utilizado por los diputados para dar a conocer su posición. Las primeras en hacerlo fueron Zoila Rosa Volio y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN), además de Wálter Muñoz, de esa misma agrupación. Se sumó Dragos Dolanescu del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).

Todos ellos se manifestaron con un discurso similar, asegurando que este plan fiscal afectaría a las clases baja y media por los nuevos impuestos, contrario a lo sucedido con grandes empresas, a quienes, según los legisladores, se beneficiaron con las decisiones tomadas tanto en la Comisión Especial donde se dictaminó la iniciativa así como en el Plenario mediante mociones de reiteración. 

En tanto, Melvin Núñez de Restauración Nacional no dejó pasar la oportunidad para decir que Costa Rica debe depender de Dios así como las decisiones sanas para sus finanzas.

Núñez enfatizó en que si bien está de acuerdo con más impuestos, estos deben generarse “con justicia tributaria”.

Uno de los discursos más esperados fue el de Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional, quien anunció que, contrario a sus compañeros de bancada, votaría en contra del proyecto. Además, aprovechó para señalar a Carlos Alvarado, presidente de la República, como el culpable de lo que está sucediendo.

El show llegó por parte de la diputada restauracionista Nidia Céspedes, quien cantó: “No tengo dinero, ni nada que dar”, del fallecido cantante Juan Gabriel.

El plan fiscal 

La Asamblea Legislativa se centró de lleno en este proyecto de ley, entre dimes y diretes de quienes defendían su posición.

Los diputados que iniciaron funciones en mayo anterior, tenían la presión sobre sus hombros, entre un estira y encoge. Por un lado, el Gobierno advierte sobre la urgente necesidad de recursos nuevos para el funcionamiento del Estado, en contra parte, los manifestantes quienes cumplieron este viernes 26 días en las calles, quienes consideran que la reforma no es progresiva ni justa.

Así las cosas, el proyecto de ley establece que el impuesto sobre el valor agregado (IVA) de 13% deberá ser pagado para los bienes y servicios, con excepción de los que quedaron exentos en el artículo 8 de esta iniciativa así como los de no sujeción, en el artículo 9.

Además, hay otros que tienen tarifa reducida, ya sea de 4%, 2% y 1%.

En el primer grupo, ingresan las compras de boletos o pasajes aéreos con destino al territorio nacional, aunque, cuando sean hacia el exterior, “se cobrará sobre la base del 10% del valor del boleto”, según establece la iniciativa.

También, los servicios privados prestados por centros de salud autorizados o profesionales en ciencas de la salud.

En cuanto al 2%, estarán los medicamentos y las primas de seguros personales. Cabe destacar que, la educación privada quedó gravada con ese porcentaje, pero a la vez, exonerada, luego de la modificación realizada en la Comisión Especial de Reforma Fiscal.

En esa instancia aprobaron una moción de texto sustitutivo que incorporaba el impuesto para este servicio, pero posteriormente le dieron el visto bueno a una iniciativa de Dragos Dolanescu del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) que exoneraba “los servicios de educación privada, preescolar, primaria, secundaria, universitaria, parauniversitaria y técnica”.

Aunque, esta iniciativa no corregía eliminar el inciso de la 700 que lo mantenía gravado.

Finalmente, con 1%, estará gravada la canasta básica, la cual será establecida vía decreto ejecutivo por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic).

“Y será revisada y actualizada cada vez que se publiquen los resultados de una nueva Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Esta canasta se definirá con base en el consumo efectivo de bienes y servicios de primera necesidad de los hogares que se encuentren en los dos primeros deciles de ingresos, de acuerdo a los estudios efectuados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)”, indica la iniciativa.

Ese porcentaje también será para la importación o compra local de las siguientes materias primas e insumos, según se establece en el expediente 20.580: Trigo, así como sus derivados para producir alimentos para animales, frijol de soya, así como sus derivados para producir alimentos para animales, Sorgo, Fruta y almendra de palma aceitera, así como sus derivados para producir alimento para animales.

Además del maíz, así como sus derivados para producir alimentos para animales, los productos veterinarios y los insumos agropecuarios y de pesca, con excepción de los de pesca deportiva, que definan, de común acuerdo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Hacienda.

Las últimas modificaciones que le realizaron 

En total fueron 9 las últimas modificaciones realizadas al Plan Fiscal.

Una de ellas permitirá al Ministerio de Hacienda girar recursos a destinos específicos legales con los ingresos corrientes disponibles, cuando el endeudamiento del Gobierno Central sea superior al 50% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal.

Además cuando Hacienda realice esas transferencias de dinero, también valorará los niveles de ejecución presupuestaria y el superávit que tenga la institución.

Esto permitirá al Gobierno dejar de “pasar la tarjeta de crédito” para endeudarse y que al final de cuentas, esos recursos no sean utilizados por diversos factores, ya sea por incapacidad del ente para ejecutar, que se le estén destinando más recursos de los que requiere, o por otros motivos.

De esta forma ahora las instituciones deben ajustarse a lo que Hacienda recaude con impuestos, aunque debe de quedar claro que eso sucederá cuando el Gobierno tenga deudas superiores al 50%, como sucede actualmente, pues para el presupuesto ordinario para el 2019 se requiere un endeudamiento de 53,5% para hacerle frente a los gastos.

Otra de las propuestas de Hernández, tienen que ver con que, cada vez que se realice una modificación presupuestaria así como la presentación de extraordinarios, debe de ser informado al Ministro de Hacienda y al Presidente de la República.

En tanto, la propuesta de Laura Guido para traer de vuelta un texto que implicaba a los gobiernos locales dentro de los lineamientos de la Dirección General de Servicio Civil. Esta institución realiza calificaciones anuales, pero incluir a los municipios rozaba con la autonomía municipal.

También se aprobó exonerar del IVA las compras y bienes adquiridos por las Asadas para su funcionamiento, así como la venta, comercialización y matanza de animales vivos dentro de la cadena de producción e industria pecuaria. Ambas propuestas fueron planteadas por Carlos Avendaño, jefe de fracción de Restauración Nacional.

La primera modificación al plan fiscal que se aprobó fue el garantizar que las zonas francas no paguen impuestos por la compra de bienes, propuesta por el socialcristiano Pedro Muñoz.

De igual forma, aprobaron una moción de José María Villalta para que a ciertos funcionarios públicos no se les modificara el salario ni sus derechos adquiridos y a la vez, a aquellos con salarios altos, se les frenaran los “aumentazos salariales”. A estas se suma, la propuesta de María José Corrales que implicó un cambio en redacción. 

Ahora, el proyecto de ley pasará a consulta a una serie de instituciones.