Gremios judiciales piden a Corte pronunciarse sobre trámite de plan fiscal

• Texto fue aprobado en primer debate el 5 de octubre con apoyo de mayoría simple
• Corte Plena decidió, la semana anterior, que reforma fiscal si afecta su independencia y funcionalidad

{{slide.text | html}}

{{slide.text | html}}

{{slide.text | html}}

Tras una reunión con Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, los gremios del Poder Judicial solicitaron a la cúpula de la institución que se pronuncie sobre varias dudas existentes en torno a la tramitación del proyecto de reforma fiscal contemplado en el expediente legislativo 20.580.

El proyecto fue aprobado en primer debate el 5 de octubre por la vía rápida (conocida como 208 bis) con 35 votos a favor. Sin embargo, existen dudas legales y constitucionales en torno a la necesidad de que el texto sea avalado por una mayoría calificada (más de 38 votos).

La mayoría calificada es necesaria en caso de que se considere que la reforma incide –por ejemplo- en el funcionamiento del Poder Judicial o del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Con este panorama, la Sala Constitucional tendrá que aclarar –mediante una consulta de constitucionalidad- si hubo vicios de procedimiento en el trámite del proyecto por la vía rápida. En caso de determinarse, se obligaría a regresar el texto a primer debate para someterlo de nuevo a votación, pero con el requisito de la mayoría calificada.

En el caso del Poder Judicial, la Corte Plena acordó por mayoría decidir que el proyecto sí incide en la independencia y el funcionamiento de la institución.

¿Cuáles son las dudas que pide aclarar el Frente Gremial del Poder Judicial?

• Determinar si el proyecto, con oposición de la Corte Plena, puede tramitarse por la vía rápida.
• Si de acuerdo al principio de publicidad, el proyecto debió publicarse en La Gaceta antes de ser sometido a primer debate.
• Si la oportunidad para consultar la afectación al Poder Judicial, según el Artículo de la Sala Constitucional, era antes o después del primer debate.
• Los gremios buscan que se determine si se produjeron vicios sustanciales en el procedimiento legislativo en la tramitación del proyecto.

“Consideramos que dicha gestión es necesaria y vital para los intereses del país y para la definición institucional de la situación jurídica del proyecto de ley 20.580”, indicó un comunicado publicado por el Frente Gremial del Poder Judicial.

El 16 de octubre, la Corte Plena señaló 4 puntos que deberían ser discutidos debido a la influencia que tendría en la entidad:

-Que el Ministerio de Planificación (Mideplan) no tenga rectoría sobre el Poder Judicial: no es un tema salarial. Son otros aspectos, es decir, que no interfiera en la estructura u organización de los puestos.

-Que se excluya la posibilidad de que el Servicio Civil, que es un simple orden con carácter vinculante y obligatorio, vincule al Poder Judicial en los temas de evaluación del desempeño.

-Que las transferencias previstas a nivel constitucional y a nivel legal no se vean afectadas por la regla fiscal. Esto tiene que ver con transferencias para leyes que el legislador ha creado (como lucha contra el crimen organizado, Defensa Pública, Protección de Víctimas y Testigos).

-Que en el tema de componentes salariales se abra el respeto a las particularidades que tiene el Poder Judicial. En aspectos como Carrera Judicial, labores de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o jueces que trabajan en la noche.

Recomendamos

{{noticia.title| html}}