Villalta y Sintrajap demandan al Estado

(CRHoy.com)- El diputado José María Villalta del Frente Amplio y el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) demandaron al Estado por no permitir a la institución portuaria realizar sus labores con normalidad, lo cual conllevaría a la quiebra al ente público.

En la demanda presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, brindan argumentos para asegurar que el Poder Ejecutivo ha recurrido a acciones ejecutivas ilegales en perjuicio de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico (Japdeva).

Desde marzo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Japdeva entraron en disputa en dos puntos: el primero de ellos sobre quién es la autoridad portuaria y el segundo sobre el tipo de barco que le corresponde atender a APM Terminals y a Japdeva.

Los demandantes aseguran que las conductas administrativas propiciadas por el Poder Ejecutivo son abusivas e ilegales al sobrepasar la potestad de tutela administrativa por parte del MOPT así como uuna violación a la autonomía administrativa de Japdeva. 

En la demanda, el legislador y el sindicato aseguran que el MOPT pretende prohibirle a la institución pública, operar cualquier tipo de embarcación que no sea tipo fully cellular container ship “violentando la autonomía administrativa de la institución y el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y los numerales 6 y 11 de la Ley General de la Administración Pública.

El sindicato liderado por Antonio Wells defiende que a APM le corresponden los buques tipo fully cellular container ship y a Japdeva los portacontenedores. Sin embargo, denunciaron que la compañía holandesa está dando el servicio a todos los barcos.

“Si lo que quiere el gobierno es cerrar JAPDEVA entonces que presenten el proyecto para hacerlo, pero que no lo hagan disimuladamente con acciones ejecutivas que asfixian la institución impidiéndole trabajar”, señaló Villalta.

El jueves pasado, la Ruta 32 colapsó porque los tráileres esperaban para ingresar a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), lo que conllevó al Gobierno a permitirle a Japdeva la operación de portacontenedores desde el 10 y hasta el 22 de abril.

“Por años la derecha de este país se jactó de la eficiencia de la empresa privada y los enormes beneficios de APM, pero ahora que la realidad les demuestra su equivocación, deciden matar la institución con acciones ejecutivas ilegales y eso no lo vamos a permitir”, criticó el frenteamplista. 

Con la demanda, buscan que se dejen sin efectos los oficios que originan las dispustas y a la vez, una indemnización para la institución portuaria por 4.700 millones de colones por daños y perjuicios.