Específicamente Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

Industriales llaman al Poder Judicial a ser ejemplo en aplicación de ley fiscal

  • Industriales presentaron coadyuvancia a acción de inconstitucionalidad de diputado en contra de acuerdo de Corte Plena de seguir pagando pluses al margen de plan fiscal

(CRHoy.com).- La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) llamó al Poder Judicial “a ser ejemplo en la aplicación de leyes”, en reclamo por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de eximir al Poder Judicial de cumplir las medidas de empleo público establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o plan fiscal.

Esta semana los industriales presentaron una coadyuvancia a la acción de inconstitucionalidad del diputado Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), en contra de esa decisión de la Corte Plena para continuar pagando los pluses salariales de manera porcentual y no como un monto nominal fijo, tal como lo estipula la Ley fiscal con el objetivo de ahorrarle recursos al Estado, en situación crítica por el elevado déficit fiscal, que es la brecha entre sus ingresos y sus gastos.

“Como hemos dicho reiteradas veces, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas debe aplicar a todas las instituciones del Estado, y el Poder Judicial debería ser ejemplo en la aplicación de las leyes, ante todas las instituciones públicas. El Poder Judicial no se puede salir del canasto y ser otra república independiente más que no quiere cumplir la ley como debe de ser, como en su momento lo han querido la Caja Costarricense del Seguro Social  (CCSS), las universidades y las municipalidades”, explicó Enrique Egloff, presidente de la CICR.

El vocero del sector industrial manifestó que la Cámara va a estar vigilante de que todas las instituciones públicas cumplan con la Ley, vigente desde principios de diciembre del año pasado, con la cual el Estado busca ajustar más de ¢400.000 millones adicionales al año, entre recaudación de impuestos y medidas de contención del gasto, para reducir el déficit fiscal.

Los industriales presentaron la coadyuvancia a la acción de inconstitucionalidad de Pedro Muñoz el pasado 7 de octubre. Ahora le tocará a la Sala Constitucional determinar si el acuerdo de Corte Plena violenta la normativa vigente.

Muñoz había hecho una instancia a las cámaras empresariales y a varias instituciones públicas, como la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de Hacienda para que se manifestaran en contra del acuerdo de la Corte de mantener intactos los pluses de su personal a pesar del mandato de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de reducir el gasto en ese rubro.