Gobierno agita de nuevo al frente sindical

(CRHoy.com).- En su cruzada por conseguir recursos para amortizar la asfixiante deuda pública, el gobierno del presidente Carlos Alvarado está despertando al movimiento sindical de nuevo, un rival que le ha complicado su accionar en el pasado reciente.

El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Aprendizaje (Sitraina) advirtió de que iniciará un lobby con los diputados para solicitarles que voten en contra el proyecto de “Ley Pagar” que presentó Hacienda el lunes pasado para recoger el superávit de varias instituciones y fondos públicos con el objetivo de crear una gran bolsa de ¢226.000 millones para amortizar la deuda pública.

Ricardo Jara, secretario general de Sitraina, afirmó que el gremio está en contra de que Hacienda se sirva de ¢30.000 millones que tiene la institución en superávit para pagarles a los inversionistas que adquirieron bonos de la deuda estatal.

El dirigente afirmó que el desacuerdo surge porque el presidente ejecutivo del INA, Andrés Valenciano, se pronunció a favor de trasladar los recursos sin que mediara un acuerdo de la Junta Directiva y, principalmente, porque la institución tiene “enormes” necesidades de inversión para mejorar su infraestructura y para aumentar la cantidad de cursos de capacitación que ofrece a la población.

Valenciano dijo a CRHoy.com que la decisión del Gobierno de utilizar los recursos del superávit del INA es parte del “esfuerzo importante” que hace el Gobierno para sanear las finanzas públicas sin necesidad de aumentar más los impuestos y sin causar ninguna afectación a los servicios que brinda el sector público.

Además, el presidente ejecutivo subrayó que el INA mantendrá en su poder los recursos para los proyectos de infraestructura que están en proceso de construcción o adjudicados.

“Los recursos que se planean transferir a Hacienda obedecen a iniciativas de infraestructura que están en fase de anteproyecto, que aún no están aprobados por Mideplan (Ministerio de Planificación) y que no han iniciado un proceso de contratación“, explicó el jerarca a este diario digital la semana pasada.

Sin embargo, Ricardo Jara dijo que su Sindicato duda de las afirmaciones de Valenciano.

“Los presupuestos, lamentablemente, no se ejecutan como debe ser. No es que al INA le esté sobrando ese dinero. Tenemos muchas necesidades, nos debemos al pueblo porque es la razón de ser del INA. Esos dineros son de los trabajadores, no es una plata que nos dio el Gobierno Central. Es un capital propio”, recalcó.

El presupuesto del INA se nutre de una carga parafiscal de un 1,5% sobre el monto total de las planillas de salarios pagados mensualmente por los patronos del sector privado que tengan cinco empleados o más; un 0,5% sobre las planillas del sector agropecuario y de un 1,5% sobre las planillas de las entidades autónomas, semiautónomas y empresas del Estado.

“No sabíamos que existía este monto tan elevado de su superávit. Sí sabíamos que los recursos se habían acumulado, pero no a ese nivel. Como representantes de los trabajadores le hemos solicitado a esta y otras administraciones, una y otra vez, que inviertan más los dineros del pueblo costarricense. Hoy, como está el desempleo, el INA desempeña un rol fundamental capacitando a personas que podrían terminar siendo pequeños emprendedores en diversas áreas técnicas”, agregó el líder sindical.

Los ¢11.000 millones diarios que pagamos por la deuda

 

Hacienda propuso el proyecto de “Ley Pagar” porque pretende evitar seguir pagando altísimas tasas de interés a los inversionistas que compraron bonos de deuda estatal.

Hacienda subrayó que esa obligación de atender el pago de intereses y amortizaciones de la deuda es la más pesada y la principal causa de que el país no haya podido reducir el déficit fiscal todavía, a pesar de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que provocó un aumento en la recaudación durante el 2019.

Aun así, el año pasado cerró con un déficit fiscal de un 6,96% del producto interno bruto (PIB), el más elevado de los últimos 40 años.

Solo en el 2020 el servicio de la deuda será de más de ¢4.01 billones, un 38,2% del presupuesto para este año, por ¢10,5 billones. En promedio, esta obligación engulló un 33,2% del total del presupuesto de la última década, según Hacienda. Pero, en los últimos años, ese porcentaje tendió a ser mayor hasta llegar a un 41,1% en el 2019.

Una cifra reveladora sobre el tamaño del servicio de la deuda: durante el 2020 la deuda pública le costará a Costa Rica más de ¢11.000 millones por día.

Otra razón es impedir que se materialice la amenaza de que este año  la deuda pública supere el temido límite del 60% del producto interno bruto (PIB), momento en el cual se activarán las “medidas extraordinarias” de la regla fiscal que obligarán al Gobierno a realizar una fuerte contención de su gasto para el 2021.

Además de los ¢33.000 millones del INA, el Gobierno planteó a los diputados que aprueben una reforma a la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos para tomar también ¢17.000 millones del Instituto de Desarrollo Rural; ¢25.000 millones del Instituto Costarricense de Turismo, aunque las autoridades de esa entidad afirman que solo darían ¢14.000 millones; más de ¢18.000 millones de la Imprenta Nacional, ¢536 millones del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico; ¢5.669 millones de la Superintendencia de Telecomunicaciones; ¢24.000 millones del Registro Nacional, institución que alegó desconocer la propuesta oficial de Hacienda.

En la lista que está en el proyecto también se plantea la decisión de Hacienda de tomar ¢18.000 millones del Fondo del Consejo de Salud Ocupacional, ¢40.000 millones del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel); ¢956 millones de la Oficina de Cooperación Internacional de Salud, y ¢9.500 millones que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) había trasladado a la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco) la cual se liquidó.

De aprobarse el proyecto de ley, el Ministerio de Hacienda solo podrá utilizar los recursos para pagar deuda y no para financiar otros gastos. La iniciativa requeriría de al menos 38 votos para que los diputados lo aprueben.